Así lo ha expresado Jesús Martín, Delegado de Derechos Humanos del CERMI, quien ha enfatizado la necesidad de asumir los tratados internacionales e incorporarlos al Derecho interno para asegurar los derechos de las personas con discapacidad, que parten de una situación objetiva de exclusión en el acceso, goce y disfrute de las libertades fundamentales y el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos.

 

Para el CERMI, existen razones de peso para que el Estado español ratifique este Convenio de La Haya como nuevo instrumento de protección de las personas con discapacidad mayores, si bien es preciso adecuar la redacción del artículo 3 del tratado para que esté plenamente alineado con el artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la reforma del Derecho Civil español en curso.

 

Martín ha subrayado que el marco jurídico, político y social del movimiento CERMI es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado que parte del principio básico del respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.

 

Refiriéndose a Europa, Naciones Unidas ha señalado como preocupantes los obstáculos que encuentran las personas con discapacidad mayores que al mudarse o desplazarse para trabajar o residir en otro Estado miembro de la Unión Europea, y a fin de atenuarlas recomendó que se adopten medidas inmediatas para garantizar que todas las personas con discapacidad puedan disfrutar de su derecho a la libertad de desplazamiento en igualdad de condiciones con las demás.

 

Ante situaciones como esta, resulta apremiante disponer de seguridad jurídica basada en el respeto a la voluntad de la persona siendo la ratificación del Convenio de La Haya positiva para afrontar estos casos que se han multiplicado en los últimos años.

 

El Delegado del CERMI ha querido denunciar en este foro la todavía visión capacitista y discriminatoria de la discapacidad que sitúa a estas personas en una posición de vulnerabilidad jurídica. Por ello, además de contar con un marco jurídico civil adecuado y alineado con los principios consagrados en la Convención de la Discapacidad, se ha de consolidar un sistema de derecho internacional privado coherente con los principios de este mismo tratado que proteja la continuidad espacial de las medidas de apoyo y garantice la seguridad jurídica del marco regulador.

 

Una reivindicación que ha querido contextualizar en la coyuntura actual de pandemia, cuyo impacto más devastador lo han sufrido las personas mayores y con discapacidad, cuya extrema fragilidad ha quedado en evidencia estremecedora. Son más necesarios que nunca mecanismos de promoción y protección de derechos que acompañen eficazmente a la persona adulta mayor, respetando su derecho a la movilidad (que es un derecho fundamental), a elegir el país de residencia sin mermas de su capacidad jurídica o de diferenciaciones hirientes.